Escrito por Patxi Zamora

 

1. Pareja con hijos y trabajo estable firma un crédito con entidad bancaria para, previa tasación, la compra de vivienda; para ello la hipoteca y la avala con la de otros familiares. Tras años pagando puntualmente, la pareja queda en el paro, como consecuencia de la crisis, y no puede seguir abonando los recibos. Acude al banco y le plantea una moratoria o bien la entrega (dación en pago) de la vivienda. También le ofrece a la entidad la propiedad de la vivienda y que ésta se la realquile a precio de mercado. La respuesta es negativa para cualquiera de las posibilidades y se le comunica que, en caso de impago, será desahuciada, sus familiares avalistas también y mantendrá la deuda de por vida. Por su parte el banco subastará la vivienda (con la nueva modalidad exprés, a través de las notarías, podría auto subastársela por un precio ridículo y revenderla por lo que estime). Así habrá cobrado miles de euros de la hipoteca durante años, se lucrará en la venta tras el desahucio, apropiará de la vivienda avaladora y mantendrá la deuda de sus clientes.

 

2. Las constructoras más importantes han conseguido no pocos contratos millonarios gracias a sobornos a los políticos. ¿Alguien ha visto a sus ejecutivos, que en definitiva fueron los que incitaron a delinquir y entregaron la mordida, acudir a los juzgados a declarar como imputados? Los banqueros Ibarra y Botín, reconociendo implícitamente su delito, descuido según ellos, han tenido que pagar millones de euros por impuestos de cantidades astronómicas evadidas al fisco. Habrá quien me acuse de demagogia, pero la realidad es todavía mucho más cruda. La hipocresía y el descaro del sistema y sus delincuentes de guante blanco pasean su impunidad ante las tragedias que se están viviendo. No hay estado de derecho cuando existe una justicia para los pobres (ahora les llaman “de escasos recursos”) y otra para los próceres de la nación. Y como decía San Agustín, “un país que no tiene Justicia equivale a una banda de ladrones”. Con la ley actual en la mano resulta evidente que la vivienda no es un derecho sino un producto especulativo. A las mismas entidades bancarias que reciben miles de millones de ayudas públicas y que financian generosamente la visita del Papa, ONGs o, como Banca Cívica (“nuestra” ex CAN), recogen alimentos para necesitados, no les tiembla el pulso para dejar en la calle a familias sin ingresos por la pérdida de sus puestos de trabajo.

 

Desde el comienzo de la crisis en 2007, en Euskal Herria se han llevado a cabo unas 7400 ejecuciones hipotecarias, 2700 de ellas en Navarra, la mitad por la fuerza, dejando, en cada una de ellas, a una familia sin casa y otra casa deshabitada. En el estado español 70 mil pierden su vivienda cada año. ¿Nadie se va a plantear que esto no ocurre porque sí, que tiene unas causas y que habrá que dar soluciones? La causa no es otra que la deriva financiera del capitalismo que ya estudiara Carlos Marx, todavía tan vigente en sus análisis. Una economía de casino legalizada al servicio de gangsters que son adulados por reyes y gobernantes prestos a seguir sus directrices y su ejemplo. Entre 1997 y 2007 el coste de la vivienda libre se triplicó artificialmente al mismo tiempo que no existe en el mundo estado con tantas viviendas vacías (6 millones según el INE). Los años del “todo urbanizable” y los créditos fáciles para el negocio de la venta de hipotecas en la Bolsa (una locura tramposa, jugar con las hipotecas como si ya estuvieran cobradas) han derivado en la mayor crisis económica conocida, agudizada por los indecentes sueldos y dietas de ejecutivos de bancos y constructoras y cargos públicos que, junto a los dividendos a los especuladores se jalaron todos los beneficios del boom. Las grandes plusvalías del suelo han ido a parar a manos de unos pocos. Entre 2002 y 2005 el segmento del 10% más rico incrementó su patrimonio un 50%, mientras la mayoría perdía poder adquisitivo real. Diversos expertos reclamaron al gobierno en 2007 que adquiriera parte de las viviendas y creara un parque público de alquiler. En otros países que sufrieron similares circunstancias, las entidades financieras pusieron en el mercado (venta y alquiler) ese stock de viviendas a unos precios moderados y les dieron salida. Asumieron unas pérdidas, pero les permitió volver a funcionar. En el reino borbónico pretenden subsanar las deudas provocadas por esos activos inmobiliarios “tóxicos” solo con las ayudas públicas a las entidades financieras, que continúan repartiendo dividendos.

 

Frente a estos abusos nacen las PAH (plataformas de afectados por las hipotecas), asambleas autónomas que pretenden aportarles defensa jurídica y apoyo, negociando con los bancos e intentando frenar los desahucios con plantes y reocupaciones. Además las PAH impulsan una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que recoja la dación en pago (liquidación de la deuda hipotecaria una vez entregadas las llaves) y una moratoria para los desahucios. Está en manos de la presión social poner fin a este sinsentido que permite a los usureros del siglo XXI acumular viviendas envenenando el problema de la burbuja inmobiliaria. La ley debe orientarse hacia el bienestar social, a luchar contra la especulación y a proteger el arrendamiento como fórmula para el futuro. Porque las raíces del «propietarismo» y la alergia al alquiler hay que buscarlas desde la primera ley del suelo de 1956 -el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos- que hizo extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler.

 

El poder del complejo inmobiliario financiero parece invencible. Pero la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y experiencias como las PAH han puesto en marcha una lucha justa, con propuestas llenas de sentido común que van a sumar cada día nuevas solidaridades. Un estado con millones de viviendas vacías y miles de personas desahuciadas, mediante leyes tercermundistas que favorecen a la delincuencia especulativa, es insostenible. La usura del siglo XXI merece que movimientos sociales, sindicales, políticos y la ciudadanía se impliquen para combatirla.

 

“La oficina, ubicada en el edificio oficial del MUI (Consejo de Ulemas de Indonesia), en el centro de Yakarta, será inaugurada conjuntamente con la ceremonia de apertura de la reunión anual del WHFC”, dijo el Director de la Agencia del MUI para el Control y  Análisis de Alimentos y Medicamentos (LPPOM), Lukmanul Hakim, en una declaración hecha el pasado jueves.

 

Indonesia como centro global de la industria halal cuenta con el apoyo de algunos organismos internacionales de certificación halal, tal como los de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Italia, España, Brasil, Australia, Taiwán y Singapur. El año pasado, el ministro coordinador de Economía, Hatta Rajasa, firmó la declaración para el establecimiento en Yakarta de la sede principal del Consejo Mundial para la Alimentación Halal. Y cuenta con apoyo externo para este objetivo.

 

En palabras de Lukmanul Hakim, “la reunión anual de WHFC en Yakarta constituirá un gran impulso estratégico para Indonesia como el país con mayor número de consumidores de producto halal”. Por tanto, “con ese gran número de consumidores musulmanes y la gran variedad de industrias de alimentos, bebidas, medicamentos, y cosméticos, el país se puede consolidar como un líder muy competitivo en el mundo de los productos halal”, dijo Lukman.

 

La cumbre anual del WHFC se celebrará en Yakarta entre los días 16 y 18 de enero y será inaugurada por el vicepresidente de Indonesia, Boediono. La reunión contará con la presencia de embajadores y agregados comerciales de otros países, observadores, directores del sector de la industria halal y representantes de, al menos, 25 agencias de certificación halal de distintos países.

 

La agenda del encuentro estará encaminada a debatir el programa de trabajo, estandarización, socialización y educación sobre los productos y el mercado halal en una dimensión global. El WHFC se fundó en 1999 en Indonesia y la Prof. Aisjah Girindra fue nombrada como su presidenta.

 

El 23 de junio de 2011, los miembros de WHFC acordaron reactivar la organización y Lukmanul Hakim fue elegido como nuevo presidente, así como Yakarta su sede principal.

 

Escrito por Soraya González Guerrero

 

Después de dos años largos de idear la logística del Mercado Social de Madrid (MES), el 22 de febrero se presentaba oficialmente el “plan beta” en un librería del barrio de Lavapiés. Dos señoras, de puntillas, tratan de otear lo que se cuece dentro del local repleto. “¿En este mercado vamos a poder comprar frutas y todo eso?”,me preguntan.

 

Cuesta imaginarse cómo será un mercado que no tiene sede física, que no responde a la idea de tenderete y que no se rige por la competencia. El Mercado Social es un proceso embrionario –aunque lleva años gestándose– que pretende ir creando una red de intercambio de bienes y servicios que cumplan con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios. Una alternativa al mercado convencional en las formas de producir y consumir. A nivel territorial ya existen varios nodos, y éstos se coordinan a nivel estatal bajo el paraguas de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). “Llevábamos tiempo dándole vueltas a cómo unir todas las alternativas de la economía solidaria: las finanzas éticas, el consumo responsable, la producción y la distribución. Cada uno iba por su lado y nos planteábamos que la gente que estaba invirtiendo sus ahorros en iniciativas como Coop 57 [servicios de ahorro solidario e inversión ética] también se podía comprometer a consumir productos de la agricultura ecológica y del comercio justo, y viceversa”, nos explica Susana Ortega, de REAS Aragón, uno de los enclaves que, con Catalunya y EuskalHerria, han sido la avanzadilla.

 

En este mercado podemos participar como proveedoras y como consumidoras. Y como ambas cosas a la vez. Las entidades proveedoras producen los bienes y servicios que se pueden comprar y contratar en el mercado: un kilo de tomates de una cooperativa agroecológica, el libro de una librería asociativa o elmueble restaurado por una empresa de inserción social. Y también servicios menos tangibles como la asesoría jurídica para crear una cooperativa, una consultoría ambiental para que una escuela infantil ahorre en consumo eléctrico o una consulta psicológica individual. Cuantasmás entidades se vayan sumando, más necesidades se irán cubriendo.

 

¿Pero qué es lo que hace singulares a las entidades del MES? “Somos entidades que además de consumir de otra forma queremos producir de otra forma. La gente que quiere entrar como proveedora tiene que cumplir una serie de requisitos”, explica Sandra Salsón, que ha participado en la elaboración del documento madrileño de criterios y principios. Este documento, que sigue los pasos de Aragón y Cataluña, incluye compromisos relacionados con la calidad y la profesionalidad, la igualdad de oportunidades, el compromiso con el entorno y la apuesta por incluir criterios sociales y ambientales en la política de compras, además de usar software libre y apostar por el Copyleft, que son los últimos añadidos. “No pasa nada si no cumples todos los criterios, lo importante es el compromiso de caminar en esa dirección”, advierte Sandra.

 

Consumiendo entre unas y otras, las entidades del MES intercooperan y se fortalecen. Además, se contempla que si una entidad tiene excedentes o ahorros los pueda invertir en los útiles financieros del MES (Coop 57, Fiare, Gap), “así cierras el ciclo, aseguras que esa ‘pasta’ se va a invertir en proyectos también dentro de la economía alternativa y, eso a su vez, permitirá que cada vez puedas cubrir más necesidades dentro de ese mercado y desconectarte en la medida de lo posible de la economía convencional”, explica Sandra.

 

De momento existe una web (konsumoresponsable.coop/mercado-social- madrid), en la que podemos buscar productos y servicios por sectores y territorios. Pero se pretende llegar más lejos: “A nivel estatal estamos trabajando en una base de datos potente que pueda incluir la venta online coordinada”, explica Susana. “Y a medio plazo está la idea de constituir una cooperativa de servicios que pudiese gestionar todo eso”, añade Sandra desde Madrid.

 

Los territorios más avanzados, como Aragón, están estudiando cómo distribuir directamente a través de las tiendas de comercio justo, los servicios de mensajería en bici o las naves de algunas entidades que conforman el MES. También están en conversaciones con la federación de barrios para poder distribuir a través de locales de asociaciones vecinales o en algunas tiendas de cercanía.

 

Las personas que apuestan por un consumo responsable pueden consumir en el MES de forma individual u organizada. El espíritu, además, es que sea un consumo activo, “que no sólo nos compren, sino también que nos ayuden a cambiar elmercado”, apuntala Susana. Por ejemplo, certificando las prácticas de las empresas que venden.

 

Para las que añoramos la plaza y el encuentro presencial, las ferias que puntualmente organiza el MES pueden ser una puerta de entrada a este singular mercado. Desde Aragón ya se han organizado dos ferias que han permitido que la gente “le ponga cara” a las entidades de estemercado alternativo. En Madrid, la primera feria tendrá lugar en el centro social Tabacalera el 24 de marzo, coincidiendo con el aniversario de DIAGONAL. Funcionará como un laboratorio donde ensayaremos las primeras transacciones con lamoneda social, y como espacio de aprendizaje y asesoramiento.

 

 

 

A partir del 1 de marzo, en el Mercado Social de Madrid se podrá comprar con la moneda social (denominada ‘Boniato’ tras una votación). El primer paso será crear moneda social y para ello las entidades del Mercado Social harán un descuento en sus productos y servicios que se hará efectivo en boniatos y que puedes consultar en la web. Explicación para profanas por Sandra Salsón: “Imagínate que vas a comprar una caja de 40 cafés de comercio justo a un proveedor A, cuesta cien euros y te hacen un descuento del 10% en boniatos. La primera compra que haces la pagas completa en euros,10% de descuento se hace efectivo en moneda social: tu cuenta de moneda social se queda en +10 y la del proveedor A en -10. Luego compras una formación en educación ambiental de cien euros a un proveedor B que acepta como límite en cada compra diez boniatos. Le das 90 euros y diez boniatos, y tu cuenta se queda a cero. Si luego el proveedor B quisiera comprar una caja de café al proveedor A, podría pagar 90 euros y diez boniatos”.