Pese a ello, tan solo se han logrado acuerdos en asuntos menores, como la reorganización de los festivos, la solución extrajudicial de conflictos, el absentismo laboral o la formación. Las posiciones respecto a temas cruciales como la contratación, la negociación colectiva o las alzas salariales siguen muy distanciadas. De hecho, fuentes de la negociación dieron por hecho ayer que solo habrá un acuerdo parcial antes de la fecha impuesta por Rajoy.
Consciente de que eso no es lo que se les pidió, el Ejecutivo decidió pasar al contraataque y anunció que congelará el salario mínimo interprofesional (SMI), que se mantendrá en 641,40 euros. Con esta decisión, Rajoy toma la iniciativa y envía un mensaje inequívoco a sindicatos y patronal: si no hay acuerdo sobre la reforma laboral, legislará en todos los temas y, en materia de salarios, lo deseable con la actual coyuntura es extender la congelación a todos los trabajadores.
Prueba del papel fundamental que le otorga es el hecho de que haya congelado el SMI y que vaya a hacer lo mismo con las retribuciones de los funcionarios (ambas decisiones se anunciarán en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana). Algunos expertos en materia laboral, como el profesor del IESE Sandalio Gómez, ya reclamó hace un mes que se procediera a la congelación de todos los salarios ante lo excepcional de la crisis económica. "Ya se hizo durante los Pactos de la Moncloa y fue el chute que la economía española necesitaba", dijo. Otros analistas han ido más allá e incluso han exigido bajar los salarios como medida para ganar competitividad y fomentar el empleo.
La congelación del SMI fue rechazada por los partidos de la oposición y los sindicatos. El más crítico fue el exministro de Trabajo y diputado socialista Valeriano Gómez, quien tildó la decisión de regresiva e injusta. "Es la primera vez que un Gobierno democrático congela el salario mínimo. Es injusto porque su cuantía no es, ni mucho menos, excesiva", apuntó Gómez, quién señaló que España es el tercer país de la UE con el SMI más bajo.
Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, calificó la decisión como "una aberración que demuestra el talante antisocial del Partido Popular y que coloca a IU radicalmente en contra de las políticas del Ejecutivo". Nada más conocer la noticia, los secretarios de Acción Sindical de UGT y CC OO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, remitieron una carta a la secretaria de Estado de Empleo en funciones, Mari Luz Rodríguez, en la que "rechazan" la congelación del salario mínimo interprofesional para 2012, pues supone una nueva caída real del salario y una mayor pérdida de su capacidad de compra, ya que para el próximo año barajan que los precios suban un 1,6% (en noviembre la inflación fue del 2,9%).













